Pip: Hay un grito que lleva dos siglos sonando como victoria: «¡Viva la Pepa!». Historia Relatos y Ficción lleva un buen rato mirando de cerca a quienes lo gritaban y lo que encontró no es exactamente una fiesta.

Mara: En este episodio nos adentramos en la Revolución Francesa y la Constitución de 1812 como fenómenos que transformaron radicalmente la relación entre el campesinado, la tierra y el poder. Empecemos por ahí.

Revolución Francesa y Constitución de 1812: el expolio que llega hasta hoy

Pip: El argumento central del post no es que estas revoluciones fueran un fracaso político, sino algo más incómodo: que fueron un éxito para quienes realmente las diseñaron. La pregunta que plantea es quién pagó ese éxito y con qué.

Mara: El texto lo formula así: «el ascenso burgués diseñó e implementó, a través del Estado, una arquitectura jurídica y política de dominación legítima del individuo y su entorno, que consagró jurídicamente el egoísmo propietario bajo la máscara abstracta de los derechos universales.»

Pip: Lo que eso significa en la práctica es que los derechos universales funcionaron como cobertura legal para vaciar los bienes comunales — las tierras, los montes, los aprovechamientos colectivos — y transferirlos a una minoría propietaria. El lenguaje de la libertad como instrumento del despojo.

Mara: El mecanismo concreto en España fue la Desamortización de Madoz de 1855, que el post describe como el momento en que «se transfirieron de forma legal millones de hectáreas de los concejos y los bienes de propios al circuito comercial para consolidar una oligarquía de terratenientes y burgueses adinerados.» El post apoya esto en la historiografía de Richard Herr, quien sostiene que el proceso no modernizó el campo sino que desarticuló sus bases de sustentación.

Mara: A eso se suma la creación del Cuerpo de Ingenieros de Montes, que el texto describe como una coartada tecnocrática: los ingenieros patologizaron los sistemas de aprovechamiento tradicional — el pastoreo, los usos consuetudinarios — y los tipificaron como ineficaces o anárquicos. La paradoja es que hoy la ciencia ha demostrado que esos usos pastoriles son altamente sostenibles y eficaces para la biodiversidad.

Pip: Así que durante un siglo se persiguió penalmente lo que ahora resulta ser buena gestión ecológica.

Mara: El post traza la línea hasta el presente: más del 85% de la superficie española está bajo régimen de caza privada. Muchos de esos grandes propietarios, sobre todo al sur del Duero, son descritos como «la imagen viva del expolio del Estado liberal moderno decimonónico» sobre el conjunto de los vecinos. Los cotos de caza modernos eran, en su mayoría, terreno comunal.

Pip: Y la Generación del 98, que suele aparecer en los libros de texto como conciencia crítica de España, aparece aquí haciendo exactamente lo mismo: ridiculizando al habitante rural como atrasado o inculto, reforzando el mismo discurso que justificaba el despojo.

Mara: La conclusión del post es que el Estado liberal no expropió el territorio solo para mercantilizarlo, sino para someter la naturaleza a un régimen de exclusividad propietaria, reduciendo la biodiversidad a un recurso subsidiario gestionado bajo la lógica del coto privado. El resultado: una crisis ecológica cuyas raíces son jurídicas y políticas, no naturales.

Pip: Una crisis que, según el texto, sigue siendo el modelo vigente de gestión del medio natural.

Pip: Derechos universales, expolio comunal, cotos de caza. El hilo es el mismo desde 1789.

Mara: Y la pregunta que deja abierta es si reconocer ese hilo cambia algo en cómo se gestiona el territorio hoy. Seguiremos.