Quienes idearon el canto ¡Viva la Pepa! fueron los promotores del mayor expolio comunitario que ha sufrido España, cuyas consecuencias llegan hasta la actualidad. Aquí, en la península ibérica, la Pepa solo la celebraron unos pocos y desde luego no estaban entre ellos ni el mundo rural y ni la naturaleza, lo que incluye a quienes vivían en y de ella: es decir, la mayoría de los pobladores españoles. Casi todos los nuestros. Y como sucediera en España, el resto de Europa, aunque con variaciones regionales significativas, no corrió una suerte diferente tras el impulso liberal.
Un problema de magnitud descomunal
Puede decirse que la Revolución Francesa y la Constitución de 1812 son dos de las mayores tragedias sufridas por el ser humano moderno. ¿Por qué? Básicamente, porque el pragmatismo liberal y estatal superó con premura su tejido filosófico y fue rápidamente a por un objetivo más audaz y devastador: el ascenso burgués diseñó e implementó, a través del Estado, una arquitectura jurídica y política de dominación ‘legítima’ del individuo y su entorno, que consagró jurídicamente el egoísmo propietario bajo la máscara abstracta de los derechos universales.
Su ingeniería social se basó en concretar un suerte de sincretismo, pasando del Antiguo Régimen hacia un nuevo ecosistema artificial al servicio del orden, el progreso y la propiedad; conceptos estos definidos como entes preexistentes. En régimen cerrado de subasta elitista y dominando el discurso hegemónico, se apropiaron del terreno comunitario, es decir, de todo legado del comunal medieval. Y, de paso, desbrozaron la ancestralidad. Con ello se impuso un modelo basado en una nueva moral —propia hoy de las democracias liberales de Occidente, especialmente entre el centro/izquierda y el centro/derecha— en la que el derecho de propiedad se elevó a la categoría de dogma sacro, una suerte de principio fundamental con el único objetivo de blindar jurídicamente la acumulación privada y disolver toda forma de reciprocidad social.
Sin embargo, el tejido rural, con sus contradicciones internas, funcionaba desde tiempos remotos y en la mayoría del territorio peninsular seguía siendo fuerte, en gran parte autosuficiente y ciertamente autónomo, dueño del destino de sus propios medios, de modo que ese tránsito liberal, sencillo en la urbe, se tornó en implacable no solo contra el humano del campo, sino contra la naturaleza y cualquier lime del nuevo fundamento jurídico civilizador. Y para ello —como sucede en la actualidad— se valieron del monopolio de la violencia, que era el que iba a asegurar la imposición de una hegemonía jurídica liberal, base del saqueo y la capitalización del territorio.
Por Europa sucedió algo similar. E.P. Thompson describía en profundidad con Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act como las élites políticas británicas se valieron del aparato legal y penal para proteger sus intereses de propiedad privada y reprimir el descontento social emergente. La Revolución Francesa y Napoléon fueron fruto del mismo paradigma: la criminalización de las tradiciones centenarias de las clases populares. De esta forma operaba el Estado moderno, de raíz liberal, al que Karl Polanyi definió con precisión atribuyéndole la función de autoconstituirse como el instrumento jurídico para expropiar al pueblo de su soberanía material. O lo que es lo mismo: la mercantilización forzosa de la tierra y la naturaleza, convertidas artificialmente en activos económicos bajo la parábola del mercado autorregulado. A todos los efectos, este giro de los acontecimientos provocó una violenta ruptura metabólica en los ciclos ecológicos tradicionales.
El golpe al campo
En España si hubo un momento clave para ese bastonazo definitivo fue la Desamortización de Madoz de 1855, donde tomó forma la ficción de que la tierra, la naturaleza y el mismo trabajo debían convertirse en mercancías puras autorreguladas por el mercado. La teorética pasó a un segundo plano, favoreciendo un quebranto más profundo y vigoroso: se transfirieron de forma ‘legal’ millones de hectáreas de los concejos y los bienes de propios al circuito comercial para consolidar una oligarquía de terratenientes y burgueses adinerados, dándoles cobertura legal mediante el aparato del derecho.
Así fue como el Estado liberal utilizó el monopolio del derecho positivo para tipificar como delito los aprovechamientos tradicionales y consuetudinarios que el campesinado había ejercido durante siglos. Esta situación fue particularmente trágica en la península ibérica, donde la cosmovisión de esas comunidades tenía una base honda y profunda, rastreable —con evidencia arqueológica y documental variable según región y época— desde el mundo prerromano, pasando por el altomedieval y tocando la contemporaneidad.
La Meseta del Duero es un ejemplo de ello. Tras la descomposición visigoda y en oposición a ella, existieron comunidades autorreguladas y carentes de contacto —mucho menos dependencia— con élites. Estos eran los comunales, que sobrevivieron durante siglos ajenos al orden y control de los reinos cristianos del norte y el imperio musulmán del sur. Su oposición no era meramente funcional, sino estructural, tanto a nivel económico, político y religioso como ético, lo que incluyó desde la defensa de lo verbal contra lo escrito, hasta formas de religiosidad local opuestas a la institucionalización eclesiástica.
La España actual es heredera de ello
El ciclo desamortizador —poniendo como digo especial énfasis en Ley de Madoz de 1855— es un proceso de mutación masiva que va mucho más allá de una racionalización económica o contable del Estado burgués, tal y como lo refería Crawford Brough Macpherson (The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke, 1962), hablamos de una ruptura epistemológica y material que se sostiene no sobre fórmulas de mercado, sino sobre el positivismo jurídico y el individualismo posesivo. Como postula la historiografía agraria de Richard Herr (Rural Change and Royal Finances in Spain at the End of the Old Regime, 1989), este proceso no modernizó el campo, sino que desarticuló las bases de sustentación del campesinado, transfiriendo el patrimonio comunal a una minoría rentista.
Desde luego que el aparato militar, mercantil y policial fue necesario para mantener ese nuevo orden (estas mismas fuerzas coercitivas operan en la actualidad en cada uno de los estados occidentales), pero la base de su sustento se encontraba en el plano jurídico, que es quien legitimaba el cambio. El expolio de los montes vecinales y de propios se hizo mediante una coartada tecnocrática (Eduardo Sevilla Guzmán y Bernardo Ruiz-Benayas) ¿Cómo? Sencillo, con la institucionalización del Cuerpo de Ingenieros de Montes a mediados del siglo XIX. La desposesión jurídica y persecución penal quedaron justificadas por una formulación ideológica en la que los ingenieros de montes patologizaron los sistemas de aprovechamiento tradicionales, como el pastoreo. Paradójicamente, hoy la ciencia institucionalizada ha demostrado que estos usos pastoriles son altamente sostenibles y eficaces en la conservación de la biodiversidad y salud de los ecosistemas. Pero dio igual y se impuso en su lugar una selvicultura abstracta y contable, frontalmente incompatible con la complejidad biológica.
Este modelo es el que rige la gestión del medio natural hoy en día.
Huella ideológica y estructural
Un claro ejemplo del calado de estas acciones y de su capacidad ideológica lo tenemos en la Generación del 98, quien abiertamente vapuleaba y martirizaba al habitante rural, definiéndolo como atrasado, cateto o inculto. No fue diferente de aquella caricaturización la dialéctica que el cuerpo de ingenieros forestales sostuvo sobre los usos tradicionales de la naturaleza y su poblamiento. Ese cuerpo, apropiándose de la gestión del campo, calificó de ineficaces y anárquicas las formas de vida rurales pretéritas.
La selvicultura, la caza y la burocracia
De ahí se pasa a los modelos actuales, donde se extinguen o se fuerzan a desaparecer los complejos mosaicos agro-silvopastoriles comunitarios —característicos de una alta biodiversidad funcional y de ecotonos estables— por una selvicultura maderera de carácter industrial y monocultural. Siendo incisivos: se opta por una biomasa estandarizada y fácilmente inventariable por la burocracia estatal. El vaciamiento demográfico y soberano del espacio rural, ejecutado por la pinza jurídica del derecho romano-napoleónico y la tecnocracia forestal, se materializa hoy en día en la cinegización contemporánea del territorio español, donde más del 85% de la superficie se encuentra bajo régimen de caza privada, en muchos casos de acceso restringido.
Bastantes de los actuales propietarios de grandes extensiones de nuestro territorio, sobre todo al sur del Duero, considerados en los pueblos a día de hoy como propietarios de siempre (algunos con títulos nobiliarios), cuyos nombres vertebran las calles rurales, no son sus legítimos dueños, son la imagen viva del expolio del Estado liberal moderno decimonónico, precisamente al conjunto de los vecinos. Los cotos de caza modernos (y la legislación que los empodera) eran en la mayoría de las veces terreno comunal. Del pueblo.
Poniendo énfasis en estos hechos resulta sencillo extrapolar aquello que sucedió hace no demasiado tiempo al contexto de hoy en día y encontrar una consecución ambiental y espacial trágica: una crisis ecológica sin precedentes basada en la vulnerabilidad sistémica de los montes, el colapso de la biodiversidad y el agropaisaje y esa cinegización radical del territorio, donde la fauna silvestre se convierte en mercancía.
En definitiva, el Estado liberal en España no expropió el territorio únicamente para mercantilizarlo, sino para someter la naturaleza a un régimen de exclusividad propietaria, una forma de subordinar el medio natural, entendido antaño como medio de vida, a una racionalidad productivista y fiscal. La destrucción del comunal agrario y la persecución técnica de sus saberes ecológicos ancestrales constituyeron la condición de posibilidad para despojar al pueblo de su soberanía real, reduciendo la biodiversidad a un recurso subsidiario gestionado a veces bajo la lógica del coto privado y el cercamiento absoluto, consumando así la expropiación definitiva de los fundamentos ecológicos de la vida. Y, también, de la libertad.
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